Por: Roberto Opazo Gazmuri

Como todos sabemos, la Ley de la Selva consiste en que el más fuerte se come al más débil. Su aplicación en la firma electrónica se traduce en que las organizaciones fuertes le piden a sus contrapartes que le envíen los documentos electrónicos con firma electrónica, sin embargo, cuando estas generan documentos electrónicos para sus contrapartes, lo hacen sin la firma correspondiente.

Si el débil firma y el fuerte no, entonces el fuerte cuenta con un medio de prueba sobre lo generado por el débil, pero el débil queda sin medios de prueba y depende del fuerte para que sus comunicaciones sean reconocidas. Esto genera un incentivo enorme en las organizaciones poderosas, que definen modelos operacionales, para definirlos de modo que ellos mismos nunca firmen sus propios mensajes.

Por ejemplo, si un banco opera con firma electrónica, tiene incentivos para que todas las instrucciones que recibe de sus clientes estén firmadas electrónicamente, pero no tiene incentivos para que sus respuestas, cartolas y otros tipos de documentos electrónicos sean firmados electrónicamente.

Ocurre esto en el modelo de firma electrónica definido por el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII). Según este modelo, cada factura es firmada por el emisor con 2 métodos simultáneos, uno es llamado Timbre Electrónico Digital y el otro firma electrónica. Posteriormente, estos documentos electrónicos se envuelven en otro documento electrónico, llamado sobre de envío, el cual también es firmado electrónicamente por el emisor. Cuando el emisor envía estos documentos a su cliente, tiene derecho a esperar un comprobante de recepción y eventualmente otros documentos, todos los cuales deben ser firmados electrónicamente por el receptor. Sin embargo, cuando el emisor envía sus documentos al SII, recibe inicialmente un documento electrónico con un número de atención y posteriormente recibe un e-mail con un archivo adjunto comunicando el resultado de la validación de los documentos entregados. Ninguna de estas respuestas mandadas por el SII incluye firma electrónica. Por lo tanto, si el emisor desea demostrar que entregó un documento al SII, depende de un servicio provisto por el mismo SII en el cual se puede consultar por información parcial de los documentos y que responde por el estado de esos documentos en el SII. Es decir, el emisor solo cuenta con elementos circunstanciales para demostrar que cumplió con sus obligaciones con el SII. No ocurre lo mismo cuando se entregan documentos al SII por oficina de partes convencional, en este caso, las entregas quedan con una copia que es timbrada en papel y que puede ser usada por el emisor como medio de prueba.

El modelo de factura electrónica definido por el SII ha sido el principal impulso a la masificación de la firma electrónica y sin duda es un gran acierto de Chile, que incluso ha sido reconocido en múltiples instancias a nivel mundial. Sin embargo, los múltiples elementos positivos que se pueden destacar de este modelo, no deben confundirse con que el modelo sea perfecto, de hecho, es difícil pretender que con este nivel de innovación todas las partes del modelo sean las deseables.

En este contexto, nos parece importante destacar la actitud mostrada por el Servicio Nacional de Aduanas, que en las definiciones de los procesos de importación y exportación apoyados por documentos electrónicos ha comprometido su firma electrónica en las respuestas generadas por este Servicio. Esta fue la respuesta entregada por Aduanas ante una solicitud de la ACTI, que en nuestra opinión muestra un sentido de responsabilidad social muy profundo en la definición del modelo operacional. De esta forma, Aduanas no pretende dar fe de los hechos ocurridos, sino simplemente utilizar el estado de la tecnología y de los estándares actuales para generar medios de prueba que cualquiera pueda validar.

Apelamos a que los otros organismos públicos y privados que definan modelos operacionales electrónicos sigan este ejemplo, ya que estamos en una etapa temprana del desarrollo de esta tecnología y por lo tanto, de la calidad de las primeras implementaciones depende en gran parte el resultado al que podremos aspirar. En este sentido, la aspiración de ACTI es que el uso de la firma electrónica contribuya al desarrollo del país, en justicia y equilibrio, con respecto por las organizaciones más débiles y por los consumidores finales. Para esto debemos comprometernos con identificar y corregir oportunamente aquellos procesos electrónicos en los que se produzcan asimetrías en la generación de medios de prueba sobre las comunicaciones electrónicas.

Fuente de Información:
http://blog.acti.cl/